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¿Qué descubrimos en esta investigación? |
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Que la industria eléctrica mexicana (IEN) es sumamente compleja. Existe poca claridad en cuanto al papel de cada uno de sus actores y en qué parte de la cadena productiva se ubican. Se identificaron más de 180 instrumentos jurídicos que regulan los proyectos eléctricos, lo cual hace muy difícil el seguimiento de cada una de las partes y reformas a la ley.
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Que las reformas y contra reformas energéticas han dado poca respuesta a las necesidades de soberanía energética que requiere el país para garantizar el suministro de electricidad como un derecho humano y no como un bien privado. La reforma de 2013 fue sumamente acelerada y agresiva, permitiendo la participación de capitales privados en la cadena de valor de la IEN. Con el gobierno de AMLO tenemos un sistema monopólico y opaco en cuanto a procedimientos y operaciones por parte de la CFE.
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Que la matriz de la industria eléctrica depende en un 80% de los hidrocarburos. Esto quiere decir que México está varios años atrasado en materia de transición energética. Las políticas públicas carecen de continuidad y de consistencia para avanzar en esta agenda sin dejar de mencionar que la modificación metodológica que contabiliza al gas como tecnología "limpia" es un intento vacío de alcanzar las metas globales sobre calentamiento global y cambio climático.
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Que las principales tecnologías de generación de electricidad en México son las plantas de ciclo combinado las cuales producen el 60% de la electricidad del país. Después encontramos a las hidroeléctricas (10.6%); eólicas (6%); térmicas convencionales (5.9%); solares (4.8%) y las carboeléctricas con 4.2%.
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Que el 62% del consumo total de electricidad en México va para la mediana y gran industria. Un 25% es para uso residencial y el resto para uso comercial, agrícola y servicios.
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Que el principal controlador de toda la industria es la CFE, la cual puede celebrar contratos con empresas privadas para la compra-venta de energía. En la legislación mexicana, la participación de privados se encuentra en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). En el MEM destaca la participación de capitales de origen europeo, chino y norteamericano. La única firma con una parte de capital mexicano es Acciona Energía.
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Que existe una gran disparidad en la relación usuarios y ventas finales de la CFE por estado ya que estados como Nuevo León, Baja California, Coahuila, Chihuahua, Jalisco, Guanajuato, Sonora y Veracruz son entidades que reportan grandes ventas para un porcentaje bajo de usuarios. Esto quiere decir que, existe un alto consumo de electricidad para estados con presencia industrial y otros donde las tarifas son muy altas. Esto no tiene ninguna correlación con los estados que más energía producen.
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Que existen casos de captura corporativa en las contrataciones de CFE. El caso de estudio sobre la venta de carbón de la empresa Troy T&D es una muestra del entramado político, económico y familiar de las élites mexicanas en las operaciones públicas de una de las dos grandes empresas productivas del Estado. Aún así, hay otros casos de total opacidad y falta de control gubernamental en este tipo de asignaciones como es la empresa Vagú de Sabinas, cuya información es prácticamente inexistente.
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La cadena de valor de la IEN carece de una agenda de promoción y protección de los derechos humanos. Casos como el asesinato del defensor Samir Flores opositor al Proyecto Integral Morelos son una clara muestra de la opacidad y la ausencia de lineamientos que garanticen la protección de derechos humanos y de las y los defensores en esta cadena productiva. Tanto los ductos, líneas de transmisión, plantas, represas y permisos de operación deberían tomar en cuenta la opinión y el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades vecinas a las áreas de influencia de todos estos proyectos.